De las 46 muertes verificadas por la ONU durante el estallido social de 2021, en al menos 28 los responsables serían agentes de la Policía. Las familias de las víctimas lamentan que no hay avances en las investigaciones sobre los abusos de la policía.

Jóvenes de entre 17 y 26 años de barrios pobres, hijos de campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, vendedores ambulantes, artistas o estudiantes. Ese es el factor común de los muertos durante las protestas de 2021 en Colombia, un suceso que mantiene una herida abierta en el país. Según Naciones Unidas, al menos en 28 de esas muertes los responsables habrían sido agentes de la Policía. Pero, aunque han pasado casi 7 meses del estallido social que sacudió varias ciudades colombianas, los familiares de las víctimas aún esperan justicia.

En Cali, que fue el epicentro de la represión policial y de los choques con los manifestantes, sus familiares denuncian a EL PAÍS que no hay avances en las investigaciones. Harold Antonio Rodríguez Mellizo, Kevin Antony Agudelo Jiménez, Joan Nicolás Guerrero, Yinson Andrés Rodríguez Angulo, Michael Vargas López, Sebastián Jacanamijoy y Maicol Andrés Aranda son algunos de los nombres de los fallecidos. “Solo pedimos justicia”, dicen al unísono las madres de varios de estos jóvenes. Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno ha dicho que se iniciaron 231 investigaciones internas por presuntas faltas disciplinarias cometidas por la policía, incluidas 16 por homicidio, 108 por abuso de autoridad, 45 por agresiones físicas, 26 por lesiones personales, 12 por incumplimiento de órdenes y 24 por otras conductas. De esas, solo 38 se encuentran vigentes.